A raíz del grave deterioro que han sufrido diversos indicadores económicos y sociales, la pérdida de bienestar, el drástico ensanchamiento de la pobreza, e incluso, el detrimento ambiental experimentado en nuestro país, a lo largo de las últimas tres décadas, la Seguridad Alimentaria ha tomado un papel relevante que debe ser discutido y atendido bajo una lógica integral desde el Estado.

Conforme a la definición instituida durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, existe seguridad alimentaria cuando “todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”. 

En otras palabras, no es suficiente para una familia, región o país contar con un suministro estable de alimentos, sino que debe contar también con la posibilidad real de acceder a ellos y consumirlos de forma segura.  Esto último hace referencia a los insumos no alimentarios necesarios, tales como agua potable, sanidad, atención médica y orientación nutricional.

A casi 40 años de la creación de este concepto y de los primeros esfuerzos por garantizarla, más de 1,000 millones de personas en el mundo, es decir, 1 de cada 6 de sus habitantes padecen desnutrición; y 21 millones de mexicanos, que representan la quinta parte de nuestra población total, carecen del ingreso necesario para cubrir sus necesidades básicas de alimentación diaria.

En México, el derecho a la alimentación se consagró recientemente, a partir de la reforma constitucional que impulsó el Grupo Parlamentario del PRD al Artículo 4º. Sin embargo, pese a este avance, al igual que para otros derechos sociales, es aún necesario precisar puntualmente su alcance, los mecanismos para hacerlo exigible, así como las formas específicas en las que el Estado está obligado a atenderlo.  Este hecho reviste particular relevancia en un entorno marcado por:

• La mayor integración global de los mercados agropecuario, energético y financiero que, ligada a una mayor incidencia de fenómenos climáticos extremos, afecta directamente los precios internacionales y repercute en un mayor riesgo de encarecimiento y crisis alimentarias.

• El aumento de la población en pobreza, resultado de la disminución del poder adquisitivo del ingreso en México.  Particularmente preocupante es aquella en pobreza alimentaria que, entre 2006 y 2010, aumentó su incidencia un 5 por ciento, lo que representó 6.5 millones de personas más en esta situación.

• Acciones gubernamentales focalizadas, reactivas y desarticuladas, donde la columna vertebral han sido las transferencias de ingresos, generando una enorme dependencia asistencial. 

• La falta de criterios de sustentabilidad ambiental transversales en los programas nacionales y políticas de desarrollo, que mitiguen la afectación ecológica y contrarresten los efectos del cambio climático.

Ante este escenario, el PRD propuso en la Cámara de Diputados, la Ley General de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Alimentaria Rural y Urbana, con la finalidad de reglamentar la mencionada reforma constitucional en esta materia.  La premisa fundamental de esta iniciativa es que el combate a la pobreza alimentaria debe superar el enfoque actual de ingresos, así como la operación fragmentada de los diferentes programas de gobierno. 

Mientras los hogares permanezcan apartados de procesos productivos generadores de ingreso y habiten dentro de economías locales desmanteladas y desarticuladas, no habrá transferencias de ingreso suficientes para transformar las condiciones estructurales de un hogar en pobreza extrema hacia uno en pleno desarrollo.  

La propuesta plantea aspectos que debemos discutir de inmediato, con el fin de instalar una verdadera política nacional que garantice la Seguridad Alimentaria de todos los mexicanos:

1)    Visualizar y atender el tema de la pobreza alimentaria bajo un enfoque universal, no focalizado, que atienda las causas de manera integral y mejore el capital humano, físico, financiero, social y natural de las personas, las familias y sus comunidades.

2)    Desarrollar una política única con visión de Estado para alcanzar la Seguridad Alimentaria, evitando la balcanización y dispersión presupuestal, promoviendo la participación coordinada Federación-Estado-Municipios, así como la implementación de metas comunes y plazos.

3)    Garantizar un enfoque de desarrollo territorial que permita generar sinergias y vínculos de mercado a nivel local y regional, reconociendo la necesaria interdependencia de los ámbitos rural-urbano.

4)    Impulsar a los hogares en pobreza alimentaria y a las comunidades o barrios catalogados como de alta y muy alta marginación, como agentes del cambio social y económico.

5)    Brindar especial atención a los hogares en pobreza extrema con jefatura femenina, bajo la lógica de la capacitación, asistencia técnica y microfinanciamiento.

Estoy convencido de que con voluntad política y la realineación de políticas y presupuestos con un enfoque genuino de Seguridad Alimentaria, es posible lograr en tan sólo un sexenio disminuir la pobreza alimentaria a la mitad y acabarla por completo en 12 años.

Con acciones como estas, espero que cuando mis hijos y los de todos los mexicanos que hoy tienen su edad, estén cursando la preparatoria, se sientan orgullosos de vivir en un país en el que el hambre, la desnutrición y la aguda desigualdad entre regiones e individuos forman parte de un pasado lejano. 

Fuente:www.adnpolitico.com